Operativo Cóndor
Así se conoce a la relación ilegítima establecida entre gobiernos y servicios de inteligencia de distintos países de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) cuyo objeto principal fue el de compartir información y cooperar para perseguir ilegalmente a opositores políticos de los distintos gobiernos.
La causa pertenece al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de los Tribunales Federales de Comodoro Py, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto).
Como consta en la causa, entre los hechos ilícitos que se produjeron en el marco de la operación se destacan la privación ilegal de la libertad, la tortura y el homicidio.
En determinadas ocasiones las fuerzas armadas y/o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para trasladarlos a su país de origen, o procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero.
Además de la afectación de los derechos humanos básicos como la integridad física, la libertad y la vida, se afectaba principalmente el derecho de asilo y el de la no extradición de los “perseguidos políticos”.
La causa pertenece al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de los Tribunales Federales de Comodoro Py, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto).
Como consta en la causa, entre los hechos ilícitos que se produjeron en el marco de la operación se destacan la privación ilegal de la libertad, la tortura y el homicidio.
En determinadas ocasiones las fuerzas armadas y/o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para trasladarlos a su país de origen, o procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero.
Además de la afectación de los derechos humanos básicos como la integridad física, la libertad y la vida, se afectaba principalmente el derecho de asilo y el de la no extradición de los “perseguidos políticos”.